Military Review Edición Hispano-americana Cuarto Trimestre 2016 | Page 27

COLOMBIA

de contrainsurgencia a un enfoque contra amenazas
externas—o sea, adoptar el rol que jugaría en una
democracia segura y protegida. La convergencia de los
factores de riesgo y la reforma del sector de seguridad
puede producir una tormenta perfecta de inseguridad y
violencia—en tiempos de paz.
A pesar de la tendencia históricamente prevaleciente de un incremento de violencia después de la conclusión de un conflicto, las expectativas infladas de paz frecuentemente llevan a medidas apresuradas destinadas
a revitalizar la economía. Dadas las vulnerabilidades
singulares de una sociedad posguerra, tales esfuerzos
normalmente son contraproducentes y sus efectos negativos tienden a ser sentidos especialmente por los que
probablemente están más dispuestos a movilizarse de
nuevo contra el Estado o recurrir a actividades delictivas para sobrevivir.
En El Salvador, el Gobierno rápidamente se dedicó
a ajustes estructurales para modernizar su economía de
acuerdo con los principios de mercado prevalecientes
de crecimiento y desarrollo. Si bien su producto interno
bruto (PIB) se triplicó entre 1986 y 1994, aumentó el
nivel de pobreza y empeoró la desigualdad económica.
Lo que fue subestimado en ese entonces fue la desarticulación económica del país y la necesidad de una reconstrucción y rehabilitación dirigida por el Gobierno a
largo plazo —social y económicamente— para curar las
heridas de una guerra prolongada y prevenir la divergencia social que había producido el conflicto en primer
lugar.
En cambio, alentado por las instituciones financieras
internacionales, El Salvador causó daños a una población muy vulnerable en un momento volátil. Si bien
la guerra no se ha reiniciado, la falta de esfuerzos para
gestionar las vulnerabilidades posconflictos ha contribuido al auge de nuevas fuentes de inestabilidad: mayor
desintegración de la sociedad salvadoreña, destrucción
de propiedades, ilegitimidad gubernamental, migración
descontrolada y un incremento de estructuras de pandillas y crimen violento.
Como Mats Berdal ha descubierto, «el fin formal
del conflicto armado, especialmente si ha sido logrado
a través de un acuerdo negociado, pocas veces implica un cambio radical de los patrones de violencia del
pasado, ni significa que los agravios que dieron origen
al conflicto en primer lugar han sido completamente
eliminados»31. En Colombia, las negociaciones se han
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centrado principalmente en cuáles concesiones serán
ofrecidas a las FARC, pero las poblaciones que han sido
presa de las FARC continúan teniendo dificultades y
es improbable que estas poblaciones sean protegidas
adecuadamente por el Estado. Dada la crisis económica
actual de Colombia, es posible que el Gobierno no sea
capaz de alcanzar e incorporar comunidades críticas de
manera que las ayuden a evitar alternativas violentas32.
Esto es importante porque fue precisamente la
relación entre el Gobierno y el pueblo que sustentó
la Política de Seguridad Democrática. Mediante la
identificación de la legitimidad gubernamental como su
centro de gravedad, la campaña de contrainsurgencia
extendió el alcance del Estado a comunidades por mucho tiempo olvidadas, a través de un impuesto de defensa para los ricos, oportunidades socioeconómicas y
el establecimiento de mayor inclusión social y geográfica que se haya conocido en Colombia historicamente33.
De 2002 a 2010, los años de la Política de Seguridad
Democrática, se duplicó el crecimiento económico, PIB
per cápita, y la cobertura médica promedios, todo ocurría mientras disminuían los índices de pobreza de 53 a
37 por ciento y la inflación de 6.9 a 2.5 por ciento.
En cambio, en marzo de 2016, la inflación alcanzó
el 8 por ciento, su nivel más alto desde octubre de 2001.
La inversión extranjera directa ha continuado a pesar
de las fluctuaciones de divisas, pero en su mayor parte
beneficia a las áreas donde hacer negocios ya ha sido
considerado atrayente. Mientras tanto, el coeficiente
gini de Colombia —una medida de desigualdad de
ingresos— sigue ocupando el penúltimo lugar regionalmente, a pesar de algunas mejoras en los últimos años34.
Hoy en día, con la inseguridad económica de
Colombia y las otras fuentes de inestabilidad normalmente vistas en una sociedad posconflicto, parece
probable que se producirá una masa de comunidades
desposeídas y marginadas, obligadas a aceptar el crimen
como un estilo de vida o susceptibles, como mínimo, a
la influencia de las FARC en una futura elección (especialmente si estas poblaciones viven en una de estas zonas de paz o cerca de ellas). Dada la impopularidad de
Santos, un cambio de Gobierno puede ser exactamente
lo que necesita Colombia, pero parece que las FARC
probablemente aprovecharán los agravios continuos del
país en lugar de abordarlos35.
De hecho, las FARC han demostrado un entendimiento creciente del vacío económico y de seguridad
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