Military Review Edición Hispano-americana Cuarto Trimestre 2016 | Page 26

con el tiempo también produjo una insurgencia renovada mucho más intratable, incluyendo muchas de las
mismas comunidades y algunas de las mismas organizaciones que supuestamente fueron derrotadas en 198224.
La victoria militar no elimina el requisito de reformas.
En Colombia, el Gobierno no concluyó su victoria
militar ni infligió daños suficientes para producir un
equilibrio definitivo de poder en las negociaciones
relacionadas. Las concesiones que el Gobierno colombiano ha hecho desde ese entonces, de manera ilógica,
han beneficiado, en gran parte, a las FARC en lugar
del pueblo, cuyo vínculo con el Gobierno (p. ej. la
legitimidad) constituye el centro de gravedad de casi
todos los enfrentamientos irregulares de este tipo y
cuyos agravios han seguido más o menos inalterados
y pueden empeorarse durante la paz. Eficazmente, los
habitantes de las nuevas zonas de paz de las FARC
nunca fueron consultados mientras su comunidad era
otorgada, como forraje político, a los narcotraficantes
ahora al mando.

Vulnerabilidades de una sociedad
después de un conflicto
Esto nos lleva a una consideración final. Aun si las
negociaciones con las FARC llegan a un acuerdo que
resulte en la conclusión formal del conflicto, la fuente
histórica revela varias razones para preocuparse del
destino de Colombia posconflicto. En primer lugar, las
sociedades postconflictos son, en la mayoría de los casos, frágiles y violentas—a menudo más que en los últimos años de conflicto25. En los lugares donde se firman
acuerdos, se le pide al Gobierno experimentar reformas
políticas y económicas profundas aun mientras mantiene el orden público en una sociedad traumatizada
o poderosamente moldeada por la violencia. Deben
gestionarse con cuidado las fuentes nuevas o mutadas
de inestabilidad y mantenerse la seguridad pública, si
no están las fuerzas locales, entonces por extranjeros
competentes numéricamente adecuados.
En El Salvador, una combinación de desesperación,
oportunismo y revanchismo incitaron una oleada
delictiva posconflicto que incrementó el número de
muertos más allá del nivel de un año promedio de
guerra y contribuyeron a un desplazamiento social y
económico de largo plazo26. En medio del entusiasmo
por la paz, un programa de desarme y desmovilización supervisado por las Naciones Unidas (ONU)
24

desmanteló la capacidad coercitiva de las fuerzas del
Estado y los rebeldes, resultando en un vacío de poder
en un momento extremadamente frágil, especialmente
cuando la creación de nuevas fuerzas, predeciblemente,
se volvió un asunto prolongado y complejo27. Puesto
que la operación de la ONU tampoco recibió un
mandato, tarea o dirección para proporcionar seguridad pública, en realidad, no había ninguna fuerza en el
lugar para contrarrestar la creciente oleada delictiva. Si
bien la criminalidad no provocó una nueva guerra, sus
efectos —la violencia, pandillas e ilegitimidad gubernamental— atormentan a El Salvador y la región hasta el
día de hoy.
Una falta de seguridad posconflicto también
fue observada en Guatemala, Panamá, la República
Democrática del Congo y más recientemente en
Afganistán, Irak y Libia. De hecho, la transmutación
de las formas y tipos de violencia después de la conclusión formal de guerra es un desafío normal en el
fortalecimiento de la paz. Este riesgo es especialmente
alto en Colombia. Los índices de homicidios han descendido a un mínimo histórico y los enfrentamientos
entre las FARC y el Gobierno casi han cesado desde
julio de 2015. Sin embargo, incrementa el número de
cultivos de coca, reflejando una oleada de actividades
económicas ilícitas sostenidas por la violencia. Como
observan Adam Isacson y Gimena Sánchez-Garzoli,
«El Gobierno de EUA calculó 159 000 hectáreas de
territorio sembradas con matas de coca en 2015, la
tercera cantidad anual más grande hasta la fecha»28.
Nuevos grupos paramilitares también incrementan sus
actividades, aprovechándose de las brechas dejadas por
las FARC y el Gobierno. Isacson y Sánchez-Garzoli
mencionan un «aumento espantoso» en el mes de marzo de asesinatos y amenazas contra los defensores de
derechos humanos, la mayoría de estos en zonas rurales
y áreas urbanas donde la presencia del Estado es débil29.
Mientras tanto, a pesar de participar en las negociaciones de paz con el Gobierno, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), un grupo guerrillero más pequeño
pero significativo, recientemente ha llevado a cabo más
ataques y «parece estar incrementando su presencia en
las zonas de influencia de las FARC»30. Las FARC destacan estos acontecimientos cuando insisten en mantener sus armas durante y después del acuerdo de paz,
para garantizar su protección, pero por la misma razón,
esperan que las fuerzas armadas hagan una transición
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